sociedad · 10 jul · 5 medios · 1 país · actualizado hace 58 días
El Tribunal Supremo descarta la fijeza automática de interinos y avala nuevas indemnizaciones
El Tribunal Supremo ha dictaminado que los trabajadores interinos de la Administración pública no pueden adquirir la condición de fijos sin superar una oposición, aunque establece el derecho a recibir compensaciones económicas por el abuso de la temporalidad.
Leer la síntesis completa, frase a frase
Toca cualquier frase para ver de qué medios salió.
El Tribunal Supremo ha ratificado que el personal interino de las administraciones públicas no puede convertirse en fijo de manera automática sin haber aprobado previamente una oposición. La sentencia afecta a un colectivo de aproximadamente un millón de trabajadores que desempeñan sus funciones en el sector público español bajo contratos temporales. El Alto Tribunal ha determinado que la solución ante el abuso de la temporalidad debe canalizarse a través de compensaciones económicas en lugar de la estabilidad laboral directa. Los magistrados han abierto la puerta a que los funcionarios interinos perciban una doble indemnización en los casos donde se demuestre un uso excesivo de la contratación temporal. Estas compensaciones financieras por despido podrían alcanzar importes de hasta 10.000 euros para los trabajadores afectados por la precariedad contractual. El fallo judicial contempla que el derecho a recibir una indemnización se mantenga incluso si el funcionario ya ha logrado obtener una plaza fija con posterioridad. Además de las reparaciones económicas para los empleados, la resolución judicial plantea la posibilidad de imponer sanciones a los directivos responsables de la administración. En paralelo a esta decisión judicial, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha iniciado reuniones con las comunidades autónomas para abordar la temporalidad. Las estadísticas actuales reflejan que más de 980.000 empleados públicos mantienen una relación laboral de carácter temporal con el Estado. Con este pronunciamiento, el tribunal busca reducir las represalias contra la Administración limitándolas a mayores desembolsos económicos por parte del sector público.