politica · 11 jul · 8 medios · 1 país · actualizado hace 54 días
Tribunal Constitucional prohíbe al Congreso peruano aprobar leyes con iniciativa de gasto
El Tribunal Constitucional estableció un criterio vinculante que devuelve al Poder Ejecutivo la competencia exclusiva sobre la administración de la hacienda pública y el presupuesto estatal.
Qué pasóEl Pleno del Tribunal Constitucional anuló su postura de 2022 y prohibió que los legisladores impulsen proyectos normativos que generen desembolsos no contemplados.Exitosa Noticias +3
Por qué importaEl fallo zanja una prolongada controversia institucional al restituir plenamente al Poder Ejecutivo la administración exclusiva de los recursos financieros del Estado.Expreso +3
Qué sigueEl Parlamento necesitará de forma obligatoria el respaldo formal del gobierno central para tramitar cualquier iniciativa que involucre gasto presupuestal presente o futuro.Expreso +4
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El Pleno del Tribunal Constitucional estableció un nuevo criterio interpretativo vinculante que reafirma la prohibición de que los congresistas aprueben leyes con impacto presupuestal. La resolución determina la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto y en la administración de la hacienda pública nacional. Con esta decisión, el organismo dejó sin efecto un criterio previo que permitía al Parlamento promover normas con incidencia económica sin el aval del gobierno. Durante el año 2022, el tribunal había adoptado una posición que permitía a los legisladores generar gastos al Estado mediante sus propuestas normativas. La nueva sentencia precisa que los parlamentarios carecen de facultades para incrementar el gasto público cuando este incida en el presupuesto anual o impacte a futuro. Posteriormente a la publicación del fallo, la iniciativa de gasto queda fijada como una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo según la Constitución. Este cambio de postura jurídica busca zanjar una discusión de larga data sobre las competencias presupuestarias entre los poderes del Estado peruano. En el documento se detalla que cualquier norma con impacto financiero requiere obligatoriamente de la iniciativa o el respaldo directo del Ejecutivo. Como resultado de este fallo, el Congreso ya no podrá aprobar leyes que generen egresos no previstos en la planificación económica del gobierno central.