politica · 10 sept · 4 medios · 3 países · actualizado hace 3 días
El Tribunal Supremo de España suspende cautelarmente el voto de beneficiarios de la ley de nietos
El Tribunal Supremo suspendió de forma cautelar el derecho al voto desde el exterior de personas nacionalizadas mediante la ley de nietos. La medida afecta su inscripción electoral y exige acreditar el vínculo con exiliados para votar.
Qué pasóLa decisión del Tribunal Supremo frena la incorporación automática al censo exterior de nacionalizados por la ley de nietos.En Perspectiva +2
Por qué importaLa decisión condiciona el sufragio de los afectados a que acrediten un antepasado exiliado por motivos políticos, religiosos, ideológicos o de orientación sexual.En Perspectiva
Qué sigueLa decisión deja a residentes españoles en Uruguay con dudas sobre los documentos exigidos para votar en las próximas elecciones.En Perspectiva
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El Tribunal Supremo de España suspendió cautelarmente el derecho al voto desde el exterior de personas nacionalizadas mediante la ley de nietos. La suspensión afecta a ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española como descendientes de personas exiliadas durante el franquismo. Con la resolución, se paraliza la inscripción inmediata de los beneficiarios de la norma en el padrón electoral. Para ejercer el sufragio, las personas afectadas deberán demostrar que descienden de exiliados por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual. La medida alcanza a quienes están inscritos o tramitan su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. El recurso que llevó a la decisión judicial fue presentado por Vox y la organización Iustitia Europa. El tribunal aceptó parcialmente la petición de Vox para restringir el derecho electoral de estos nuevos ciudadanos españoles. El Gobierno español cuestionó la medida al considerar que suspende provisionalmente un derecho fundamental. Entre residentes españoles en Uruguay, la decisión generó dudas sobre la documentación necesaria para participar en próximas elecciones. Beneficiarios de la ley en distintos países de América expresaron rechazo ante la suspensión de su derecho al voto.