internacional · 16 sept · 3 medios · 2 con postura calificada · 2 países · actualizado hace 20 h
La misión de la ONU alerta de que sigue intacto el aparato represivo venezolano
La misión independiente de la ONU concluyó que las estructuras estatales vinculadas a la represión permanecen sin cambios sustanciales. El informe registró algunas mejoras, pero mantuvo denuncias de tortura, detenciones políticas e impunidad.
Qué pasóEl informe de la Misión de la ONU concluye que, pese a avances puntuales, Venezuela mantiene sin cambios de fondo sus mecanismos estatales de coerción.Radio YSUCA +1
Por qué importaEl informe advierte que la continuidad de leyes punitivas, agentes y colectivos impide consolidar garantías duraderas para la disidencia y las comunidades.Radio YSUCA +1
Los númerosEl informe documenta 64 torturas desde el 3 de enero y estima que entre 379 y 500 personas siguen privadas de libertad por razones políticas.Radio YSUCA
Qué sigueEl informe sitúa como reto pendiente apartar de puestos clave a funcionarios implicados en abusos y desmantelar los colectivos vinculados a intimidación.Radio YSUCA +1
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La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU alertó de que el aparato represivo de Venezuela permanece intacto. El informe señaló mejoras limitadas en derechos humanos, sin reformas capaces de garantizar cambios duraderos en el país. Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, disminuyeron las detenciones prolongadas. También se redujeron las desapariciones forzadas asociadas, de acuerdo con las conclusiones recogidas por los expertos. Posteriormente, las autoridades excarcelaron a cientos de presos políticos y permitieron un margen mayor para protestas públicas. Sin embargo, continúan vigentes leyes utilizadas para castigar la disidencia y las fuerzas de seguridad conservan sus prácticas. La Misión documentó 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero en Venezuela. Entre 379 y 500 personas podrían continuar detenidas por motivos políticos, según la estimación incluida en el informe. Los expertos denunciaron que funcionarios vinculados con violaciones graves siguen en cargos públicos o fueron reasignados a puestos clave. Además, no se adoptaron medidas para desarmar o desmantelar a los colectivos vinculados con intimidación y violencia comunitaria.