internacional · 19 ago · 19 medios · 9 países · actualizado hace 25 días
Estados Unidos impone sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y a otros funcionarios del tribunal como parte de una campaña para desmantelar la institución.
Qué pasóEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó sanciones financieras inmediatas contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional, y el fiscal senegalés Abdoulaye Seye.La Vanguardia +7
Por qué importaLa administración de Donald Trump busca desmantelar el tribunal de La Haya, creado en 2002, al considerar que sus investigaciones sobre Israel en Gaza están severamente politizadas.France 24 (Español) +6
Dónde discrepan las fuentesMientras Washington justifica las medidas acusando a la institución de corrupción, el Alto Comisionado Volker Turk y la propia Corte denuncian un ataque inaceptable contra la independencia judicial.France 24 (Español) +4
Qué sigueEl secretario de Estado, Marco Rubio, mantendrá la presión diplomática para invalidar la legitimidad del organismo, mientras se ejecutan la congelación de activos y las restricciones de visado.Altavoz +2
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El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones financieras y de visado contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane. Las medidas restrictivas fueron ejecutadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y entraron en vigor de manera inmediata. Además de la magistrada japonesa, las sanciones alcanzan al fiscal senegalés Abdoulaye Seye, quien se desempeña como abogado principal de juicios en el tribunal de La Haya. Washington justifica estas acciones acusando a la institución de estar politizada y de actuar como un tribunal supranacional corrupto en sus investigaciones. La administración estadounidense vincula esta ofensiva a las investigaciones que la corte realiza sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en la Franja de Gaza. Desde la sede de Naciones Unidas, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó las medidas como inaceptables y exigió su levantamiento inmediato. Esta decisión representa una escalada en la política del presidente Donald Trump orientada a desmantelar el tribunal creado originalmente en el año 2002. Por su parte, la Corte Penal Internacional advirtió que estas presiones externas ponen en riesgo la estabilidad del orden jurídico mundial y la independencia judicial. Las sanciones incluyen la congelación de activos que los funcionarios señalados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ellos. Previamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, había impulsado una campaña diplomática para cuestionar la legitimidad de las actuaciones del organismo internacional.