politica · 10 sept · 6 medios · 1 país · actualizado hace 3 días
El Supremo de España suspende inscripciones electorales vinculadas a la ley de nietos
El Tribunal Supremo paralizó de forma provisional las altas en el censo electoral exterior de nacionalizados por la llamada ley de nietos. La medida se mantendrá mientras se resuelve el recurso sobre su aplicación.
Qué pasóLa decisión del Tribunal Supremo ordena detener cautelarmente el alta de nuevos nacionalizados en el censo electoral de residentes ausentes.El Español +3
Por qué importaLa medida condiciona provisionalmente la participación electoral de hijos y nietos de exiliados que no acrediten documentalmente su vínculo familiar.El Español +4
Los númerosLa ley de memoria democrática ha otorgado la nacionalidad a 306.000 descendientes de represaliados franquistas, mientras cerca de dos millones podrían probar esa ascendencia.El Periódico +1
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El Tribunal Supremo suspendió provisionalmente las inscripciones en el censo electoral exterior de nacionalizados por la llamada ley de nietos. La medida se aplica salvo que los inscritos acrediten debidamente ser descendientes de exiliados españoles. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que mantener las altas suponía un riesgo para la objetividad y transparencia electoral. Los magistrados calificaron ese riesgo como fundado, real y serio para los próximos procesos electorales. La decisión responde a medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox mientras se resuelve el recurso presentado. El recurso cuestiona la actuación de la Junta Electoral Central, que sostuvo no tener competencias para intervenir en este asunto. De forma temporal, la resolución frena el derecho al voto de hijos y nietos de exiliados que no demuestren esa condición. Cerca de dos millones de personas podrían acreditar su condición de descendientes de exiliados españoles afectados por la norma. La ley de memoria democrática ha concedido hasta ahora la nacionalidad española a 306.000 descendientes de represaliados franquistas. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, manifestó que el Gobierno no comparte la decisión y pidió resolver el fondo antes del próximo ciclo electoral.